El Congreso aprueba la reforma constitucional para limitar el déficit

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ESPAÑA. EN BUSCA DE UNA SALIDA A LA CRISIS ECONÓMICA
Congreso limita el déficit público para paliar la crisis

Partidos pactan reforma en la Carta Magna para hacer viables las cuentas

Por: Yolanda Vaccaro Corresponsal
Sábado 3 de Setiembre del 2011
MADRID. Habrá menos gasto en protección social, pero las cuentas nacionales empezarán a cuadrar. Esas son básicamente la desventaja y la ventaja de la reforma del artículo 135 de la Constitución que ayer aprobó el Congreso español con un acuerdo logrado en tiempo récord entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), el principal grupo de la oposición, junto con Unión por el Pueblo Navarro, al sumar 316 de los 350 escaños. El resto de partidos votó en contra o se abstuvo.

La reforma consiste en que una vez aprobada por el Senado (en un plazo máximo de dos meses) y refrendada por el Congreso, ninguna administración pública podrá incurrir en déficit por encima de 0,4% a menos de que haya una causa totalmente justificada como desastres naturales. Así, el Gobierno Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que mantener una política de gasto austera. El objetivo es paliar el agudo déficit que han soportado las cuentas públicas españolas en los últimos años, causa y consecuencia de la crisis económica que vive el país. El pacto entre el PSOE y el PP era indispensable, pues para esta reforma se necesitaba una mayoría calificada con el voto de tres quintos de los diputados.

OPOSICIÓN
Los partidos regionalistas y del resto de la oposición se oponen frontalmente a la reforma, pues son conscientes de que se podrá gastar menos en prestaciones sociales. Algo de lo que también son conscientes el PSOE y el PP, pero que ven inevitable, ya que son los únicos partidos que pueden gobernar a escala nacional y saben que con un abultado déficit las cuentas son insostenibles y la crisis se agudiza.

José Antonio Alonso, portavoz del PSOE, subrayó que la reforma es necesaria para “garantizar la estabilidad y la sostenibilidad del estado del bienestar que se encuentra en peligro”. “¿No se dan cuenta de la gravedad de la situación? Hablamos de que la crisis no se salde con más paro, de recuperar la estabilidad económica y la credibilidad. La reforma es imprescindible para la recuperación económica, la respuesta más oportuna para la convulsión financiera que hemos vivido”, señaló Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP.

Los portavoces del resto de formaciones políticas criticaron duramente la reforma con presagios catastróficos como el pronunciado por el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, que anotó que la reforma va a “sacrificar la democracia, la soberanía popular y el autogobierno de las comunidades autónomas aceptando el chantaje de los especuladores”.

Los sindicatos mayoritarios, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, han convocado una manifestación de protesta contra la reforma para el 6 de setiembre y han anunciado que convocarán una huelga general.

Antonio Gutiérrez, diputado del PSOE, votó en contra de la reforma constitucional en consonancia con su calidad de ex líder sindical.

MÁS DATOS
El número de desempleados en España volvió a subir en agosto, a 4,13 millones (+1,25%), tras cuatro meses de caída.

El paro, que afecta al 20,89% de la población activa del país ibérico, es mucho más elevado (46,1%) entre los menores de 25 años.

Con esta reforma, España se convierte en el primer país que responde al llamado lanzado en agosto por Alemania y Francia para que todos los países de la eurozona adopten una “regla de oro” de estabilidad presupuestaria.

Yolanda Vaccaro: La reforma de la Ley de Extranjería en España

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La reforma migrante en España
Por: Yolanda Vaccaro Corresponsal

MADRID. Hace más de dos semanas el Congreso español aprobó la reforma de la Ley de Extranjería. Es la cuarta enmienda en ocho años. Colectivos de inmigrantes y de defensa de los derechos humanos critican varios de los cambios. Lamentan que España haya sido el primer país de la Unión Europea (UE) en aplicar la polémica ley del retorno, que establece un plazo máximo de detención de 18 meses para un extranjero sin papeles. Así, España eleva de 40 a 60 días el período máximo de privación de libertad de un “ilegal”. Al término de ese plazo, el detenido debe ser deportado —para lo que se requiere que el proceso judicial correspondiente haya culminado— o puesto en libertad.

A esta situación se enfrentan unas 700.000 personas que se encuentran en España de forma irregular. La mayor parte son bolivianos —según la Embajada de Bolivia, un 70% de los 350.000 bolivianos que viven en España no tiene papeles— paraguayos y personas procedentes de países africanos.

PERUANOS SON LEGALES
Por diversos motivos el número de peruanos ilegales en España es proporcionalmente reducido.

En primer lugar, el Perú fue el primer país latinoamericano a cuyos nacionales se empezó a pedir visa de turista. Ello ocurrió en 1991. Entonces estaba vigente el convenio hispano-peruano de exención mutua de visas (convenio que España mantenía con casi todos los países latinoamericanos), pero España lo incumplía impidiendo el ingreso de cientos de peruanos en el aeropuerto madrileño de Barajas.

Por eso el Gobierno Peruano empezó a pedir visa a los españoles y España, en consecuencia, empezó a pedir visa a los peruanos. Al poco tiempo Perú dio marcha atrás, no así España. De esta forma, desde 1991, los peruanos necesitan visa para ingresar a España por cualquier motivo, incluido el viaje de turismo.

Aunque en un primer momento parece una situación negativa, lo cierto es que gracias a esta exigencia los peruanos que desean ir a España deben tener visa, para lo cual deben haber pasado por el correspondiente trámite ante el consulado español en Lima. Para obtener visa de turista se requiere solvencia económica que garantice el retorno.

Los que llegan para trabajar también están curados contra la ilegalidad. Además, obtener visa de trabajo puede ser más fácil, por increíble que parezca. Y es que peruanos y chilenos son los únicos extranjeros que pueden trabajar en España al margen de la situación nacional de empleo, es decir, en cualquier sector de la economía española aunque haya españoles o residentes en España desempleados en el sector correspondiente. Esto, gracias a que los convenios respectivos de doble nacionalidad establecen que cualquier peruano o chileno podrá trabajar en España prácticamente sin limitaciones. No sucede lo mismo con el resto de extranjeros no comunitarios.

Según datos de los consulados peruanos en este país, el número de peruanos ilegales no llega a 10.000 en toda España (alrededor del 5% del total). Estos 10.000 compatriotas son los que actualmente pueden ser detenidos por un plazo máximo de 40 días. Cuando entre en vigor la reforma de la Ley de Extranjería, el plazo máximo será de 60 días.

A ellos, eso sí, pueden sumarse peruanos que no se hayan acogido al convenio hispano-peruano de doble nacionalidad o que hayan ingresado con visa de turista y hayan decidido quedarse como ilegales. También quienes aun habiendo ingresado con visa laboral pierdan sus puestos de trabajo —algo que está proliferando por la crisis— y, por ello, se vean imposibilitados de renovar sus correspondientes tarjetas de residencia, en una situación de “ilegalidad sobrevenida”. Porque para renovar el permiso de trabajo hay que tener contrato o estar cobrando la prestación de desempleo.

SEPA MÁS
Las extranjeras sin papeles que denuncien ser víctimas de violencia de género recibirán residencia, pero solo si hay sentencia judicial firme contra el maltratador.

Hasta con 10.000 euros serán multados quienes envíen una carta de invitación para ingresar a España a un extranjero y este se quede en España de forma ilegal. Quienes contraten a indocumentados correrán con los gastos de las deportaciones.