Yolanda Vaccaro: Hipotecas en España, la pesadilla para los inmigrantes

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ESPECIAL. DRAMA INMOBILIARIO

Hipotecas en España, la pesadilla para los inmigrantes

Pesadilla de la casa propia
Miles de personas, muchas de ellas inmigrantes, quieren devolver sus viviendas porque no pueden seguir pagando los préstamos.

Por: Yolanda Vaccaro Corresponsal

MADRID. “Me arrepiento de haber comprado el departamento. Sinceramente, lo que quiero ahora es devolver la vivienda y regresar a mi país. Esto no es un sueño sino una pesadilla”. De esa forma rotunda, y triste, se expresa Celia Antonia Figueroa Ramos a El Comercio. Es una peruana que, junto a su esposo y compatriota, Manuel Salazar Maguiña, se instaló en España cargada de ilusiones. Hoy quisiera borrar de su memoria la que fue la mayor compra de sus vidas. Su vivienda resulta impagable por la subida galopante de los tipos de interés, por el desempleo y el descenso de los sueldos que azotan a España, y por la engañosa letra pequeña de los contratos de préstamos que hasta hace poco concedían a manos llenas las entidades financieras.

El caso de los Salazar-Figueroa no es aislado. Es una de las más de 300.000 familias que no pueden seguir pagando los préstamos hipotecarios por sus viviendas en España. El “boom” inmobiliario se derrumbó hace un par de años, sepultando consigo los precios de las viviendas y los puestos de trabajo de miles de personas, sobre todo inmigrantes. Los extranjeros eran los principales trabajadores del hasta entonces boyante sector de la construcción. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria los ha atravesado por partida doble. Aunque parezca contradictorio, ahora, quedarse sin casa propia parece la mejor opción.

COCTEL EXPLOSIVO
Manuel y Celia tienen dos hijos, de 9 y de 2 años. Llevan seis meses sin pagar la letra del préstamo hipotecario. Tiemblan ante la posibilidad de que la entidad financiera que les prestó el dinero para comprar su vivienda, Caja-Madrid, cumpla con su amenaza, los desaloje y los deje en la calle con sus pequeños y con una deuda enorme.

Y es que han tratado infructuosamente de devolver la vivienda para cancelar el préstamo. Su idea es lógica, ya que el préstamo se concedió con la vivienda como garantía, como estipula la ley. Pero ellos compraron justo cuando la especulación había colocado por las nubes el precio del metro cuadrado. Así, por su departamento de 72 metros cuadrados situado en una zona populosa de Madrid pagaron 240.000 euros —el importe del préstamo—, hace dos años. En escrituras e impuestos invirtieron todos sus ahorros, unos 10.000 euros. Pero a los pocos meses empezó a caer el mercado inmobiliario. A la par, el tipo de interés empezó a recorrer el camino inverso, hasta triplicarse. Los Salazar empezaron pagando 980 euros mensuales por la hipoteca, hoy deben abonar cada mes 1.500 euros. Han tratado de vender su piso, pero nadie les da más de 130.000 euros. Si los desalojan, Caja-Madrid llevaría el departamento a subasta obteniendo incluso menos de 130.000 euros, y los Salazar-Figueroa se quedarían sin casa, pero con una deuda de más de 110.000 euros.

El coctel explosivo se completa con la desinformación generalizada y con malas prácticas por parte de las entidades financieras, que se dedicaron a conceder préstamos para vivienda sin control adecuado.

Preguntados por el tipo de interés correspondiente, Celia y Manuel no responden con precisión. Y aseguran que Caja-Madrid admitió que un intermediario presentara documentos falsificados —sin el conocimiento de los afectados, subrayan— para demostrar que eran solventes a largo plazo. Celia indica: “Me hicieron una nómina ficticia. Incrementaron la valoración del piso. Me aseguraron que el préstamo subiría al mes como máximo unos 30 o 50 euros. Nunca me dijeron que la letra mensual podía subir más 500 euros”.

Al poco tiempo Celia se quedó sin trabajo. Como había laborado en el servicio doméstico, no pudo cobrar subsidio de desempleo (la ley española discrimina a los trabajadores de este sector). Consiguió su actual trabajo de camarera, pero Caja-Madrid empezó a embargar su sueldo. De nada sirvió el seguro de protección hipotecario en caso de desempleo que habían firmado ya, que la letra pequeña volvió a traicionarlos. Manuel perdió su trabajo. Ha conseguido otro empleo, pero gana mucho menos.

En noviembre pasado, cuando llevaban dos meses sin poder pagar el préstamo, pidieron a Caja-Madrid que les permitiera librarse de la deuda entregando la vivienda. Cuentan: “Nos dijeron que no nos podían aceptar el piso ni bajar las cuotas sino que teníamos que pagar todo junto, no nos dieron ninguna opción. Al director del banco le dije que tengo dos niños, que no tengo ni para pagar la leche de mi pequeña, pero no le importó. Quise llegar a un acuerdo conforme a lo que gana mi esposo, unos 500 euros al mes, pero lo rechazó”.

Hay muchas familias peruanas en esa situación. Sin embargo, la mayor parte de afectados extranjeros son ecuatorianos, como Paul Paz y Miño y Alvira Quijije. Este matrimonio —ella, limpiadora, él colocador de cristales desempleado— compró un piso de apenas 47 metros cuadrados hace tres años y medio en una zona obrera de Madrid. Pagaron 192.000 euros. Al principio abonaban mensualmente 670 euros. Ahora la letra mensual es de 1.125 euros. El valor del piso apenas bordea los 100.000 euros. Hace nueves meses que no pagan.

Los Salazar y los Paz y Miño quieren resolver el problema. Por el momento, no se les pasa por la cabeza hacer lo que ya han hecho centenares de inmigrantes: regresar a sus países dejando vivienda y deuda.

UNA LUZ DE ESPERANZA
Los afectados han empezado a organizarse. La Plataforma Unión de Propietarios de Viviendas Hipotecadas Impagables (Pupvhi), formada por 20.000 familias con el asesoramiento de la ONG América-España Solidaridad y Cooperación (Aesco), ayudan a que se negocie caso a caso. Han logrado que las entidades financieras acepten que 7.200 familias entreguen sus viviendas y que los correspondientes préstamos queden cancelados.

En otros casos, están logrando que se refinancie la deuda y se permita que los afectados aplacen los pagos y abonen mensualmente cantidades que puedan afrontar.

Los Salazar-Figueroa esperan que la Pupvhi los ayude a entregar su vivienda y acabar con la pesadilla de la que,pese a sus reiterados intentos, no los quiere dejar salir una entidad financiera.

CRONOLOGÍA
[2000- 2007]
España vive un “boom” inmobiliario con la construcción casi imparable de viviendas por todo el país y el encarecimiento del metro cuadrado ante una creciente demanda de particulares y especuladores. El precio medio del metro cuadrado en Madrid y Barcelona sube de 2.500 euros a 6.000 euros. El tipo de interés inmobiliario de referencia, el euríbor, vive mínimos históricos. Las entidades financieras conceden préstamos para comprar bienes inmuebles prácticamente sin control; están a la caza de clientes que engrosan su cartera en forma espectacular. Los trabajadores de la construcción, la mayoría inmigrantes, ganan sueldos promedio de 3.000 euros mensuales.

[Finales del 2007- 2008]
La crisis financiera internacional desinfla la burbuja inmobiliaria. Miles de trabajadores de la construcción se quedan desempleados. Las entidades financieras limitan drásticamente la concesión de préstamos. El euríbor se triplica y, por tanto, las letras por préstamos de vivienda experimentan subidas intratables.

[2008- 2009]
Miles de familias quieren devolver a las entidades financieras correspondientes sus viviendas compradas con préstamos que ya no pueden pagar. Pero ahora sus inmuebles ya no valen lo que pagaron por ellos; si las propiedades son vendidas se obtiene un promedio de 100.000 euros menos que lo que se pagó por ellas, una diferencia que las familias deben seguir pagando a las entidades financieras aunque se hayan quedado sin vivienda. El “sueño” ahora es quedarse sin casa, pero también sin deuda.

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