Yolanda Vaccaro: Los «Indignados» y su cruzada contra los desahucios de viviendas

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En defensa de sus casas

Más de cinco millones en España están desempleados, el 21% de la población económicamente activa

Por: Yolanda Vaccaro Corresponsal
Domingo 31 de Julio del 2011
“Stop desahucios”. Ese es el lema de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), multitudinario grupo ciudadano que desde el 15 de junio impide que decenas de familias sean desalojadas de sus viviendas. Protegen a personas que ya no pueden seguir pagando los préstamos hipotecarios que firmaron durante el ‘boom’ constructor en España. Dos millones y medio de personas han perdido sus empleos en los últimos años, muchas de ellas precisamente por el desplome del sector inmobiliario que durante la última década dio trabajo e interesantes salarios a miles de españoles e inmigrantes. Más de cinco millones están desempleados, el 21% de la población económicamente activa.

Así las cosas, la PAH ha tomado cuerpo y ha crecido al calor del movimiento de los ‘indignados’ del 15-M. En las últimas semanas han logrado paralizar al menos 60 desahucios. Lo hacen llegando por centenares de madrugada, para copar con sus cuerpos la calle donde está la vivienda en cuestión e impedir pacíficamente, pero sin moverse, que los agentes de los juzgados y la policía puedan pasar. Hasta ahora la policía no ha usado la fuerza para desalojarlos, probablemente porque siempre van acompañados por periodistas y cámaras de diversos canales de televisión. Una novedosa rebelión ciudadana no exenta de polémica pero apoyada por la opinión pública mayoritaria.

La ecuatoriana Aída Quinatoa, presidenta de Conadee (Confederación Nacional de Ecuatorianos en España), es su portavoz. Ella, como miles de inmigrantes, es también víctima de lo que llama “prácticas fraudulentas de inmobiliarias, bancos y cajas consentidas por las autoridades” con hipotecas con demasiada letra pequeña y con prácticas contrarias al derecho, con las que muchas inmobiliarias y entidades financieras estafaron a miles de personas. Pone como ejemplo su caso, que se remonta al 2004: “Me enseñaron un departamento pero luego me vendieron otro y me hicieron firmar un ‘aval cruzado’ [ella avaló a otras personas y estas hicieron lo propio con ella] con gente que no conocía. Tuve que aceptar porque ya había entregado un adelanto y si me echaba atrás perdía 20.000 euros. El departamento que me dieron tenía muchos defectos, como tuberías totalmente destrozadas. Tuve que gastar mucho en repararlo. El préstamo fue de 164.000 euros con Caja España y 14.000 para la inmobiliaria. A ambas entidades las hemos denunciado penalmente. Actualmente pago 940 euros al mes, mi esposo está desempleado desde hace más de dos años. Yo gano 730 euros trabajando de auxiliar a domicilio [empleada del hogar] de 7 a.m. a 3 p.m. No me alcanza”. Añade: “Resisto con las justas, dejando de comer, estoy trabajando íntegramente para el banco. He pagado años, quiero seguir con el departamento pero revisando las condiciones. Por ejemplo, quiero que retiren el suelo del interés variable, situado en niveles mucho más altos que los oficiales. Hay una serie de delitos que cometieron la inmobiliaria y la entidad financiera”.

INMIGRANTES AFECTADOS
El caso de Quinatoa es similar a los de miles de inmigrantes afectados por las hipotecas. Ella considera que los inmigrantes son víctimas como los españoles de estas prácticas fraudulentas pero que reciben un peor trato. “Se han ensañado con los inmigrantes porque las cláusulas de las escrituras son peores, abusaron del desconocimiento y la indefensión. Mucha gente está enferma, deprimida, amedrentada, tiene miedo, no tiene red familiar. En Conadee hemos pasado años con esto. Felizmente ahora, con el movimiento 15-M, se han unido miles de españoles. La solidaridad está fluyendo. Por fin estamos parando los desahucios, va mucha gente, jóvenes, mayores, todos concientizados porque también les ha tocado a ellos”.

SOLUCIONES PLANTEADAS
La PAH es una de las entidades que participan en los debates iniciados hace dos semanas en la subcomisión hipotecaria creada por el Congreso español para buscar soluciones.

Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España) y la PAH plantean que se generalice la dación en pago, mecanismo mediante el cual la entidad financiera se queda con la propiedad inmobiliaria sobre la que se concedió el correspondiente préstamo hipotecario si el prestatario ya no puede pagar, y este se queda sin deuda. Actualmente, en España, cuando alguien deja de pagar el préstamo, la propiedad en cuestión es subastada y el prestatario debe pagar la diferencia entre el total del préstamo y lo obtenido en la subasta, lo que a veces llega a decenas de miles de euros.

Hay personas sin empleo con deudas de más de 200.000 euros, a pesar de haberse quedado sin vivienda por desahucio. También plantean que, según los casos, se establezcan moratorias del pago de los préstamos sin que ello suponga un incremento de la deuda.